En los últimos años, España ha avanzado significativamente hacia la digitalización fiscal. La facturación electrónica, que inicialmente era opcional para simplificar procesos administrativos, se ha convertido en una pieza fundamental para el control tributario y la transformación digital de empresas y autónomos.
En este artículo repasamos los principales hitos normativos que han marcado esta evolución, desde sus inicios hasta la reciente obligación generalizada de utilizar factura electrónica en relaciones comerciales.
El inicio: validez legal de la factura electrónica (Ley 56/2007)
El primer gran paso se dio con la Ley 56/2007, que estableció oficialmente la validez legal de la factura electrónica, siempre que se garantizara su autenticidad e integridad. Desde entonces, emitir facturas digitales pasó de ser simplemente aceptable a ser recomendable, gracias a la reducción del uso del papel, el ahorro de costes administrativos y la agilidad en la gestión contable y fiscal.
Esta ley permitió que muchas empresas iniciaran el camino hacia la digitalización documental, ofreciendo ventajas como un menor riesgo de pérdida de documentos, facilidad para archivarlos y mejor accesibilidad para consultas posteriores.
Obligatoria con la Administración Pública (Ley 25/2013)
En 2013, España dio otro paso importante al aprobar la Ley 25/2013, que estableció la obligatoriedad del uso de la factura electrónica en las relaciones comerciales con las administraciones públicas. Desde enero de 2015, cualquier proveedor que desee trabajar con organismos públicos está obligado a emitir sus facturas electrónicamente, utilizando el formato oficial conocido como Facturae.
Esta normativa impulsó la creación del sistema FACe, una plataforma centralizada donde proveedores envían sus facturas electrónicas para la Administración Pública. Este sistema ha facilitado el seguimiento, acelerado el pago a proveedores y reforzado la transparencia y el control del gasto público.
El SII y la inmediatez en el control fiscal (Real Decreto 596/2016)
El Suministro Inmediato de Información (SII), introducido en 2017 mediante el Real Decreto 596/2016, revolucionó la forma en que se comunican las operaciones relacionadas con el IVA a la Agencia Tributaria. Bajo este sistema, grandes empresas, grupos empresariales y otros obligados deben informar electrónicamente sobre sus facturas emitidas y recibidas casi en tiempo real, concretamente dentro de un plazo máximo de cuatro días.
El SII no reemplaza a la factura tradicional, pero mejora considerablemente el control fiscal y la prevención del fraude al proporcionar información rápida y actualizada a la Administración Tributaria. Además, permite agilizar las inspecciones tributarias y facilita la conciliación y gestión contable interna de las empresas adheridas.
Veri*factu: integridad y envío obligatorio (Real Decreto 1007/2023)
El siguiente gran hito se produce con la aprobación del Real Decreto 1007/2023, que establece nuevas exigencias técnicas para todos los sistemas informáticos de facturación. Este decreto obliga a generar registros electrónicos inalterables, firmados digitalmente, con una completa trazabilidad y control de eventos.
Asimismo, introduce la obligación de enviar estos registros electrónicamente a la Agencia Tributaria en el momento de emisión de la factura para aquellos contribuyentes que no estén adheridos al SII. Quienes sí formen parte del SII estarán exentos de esta remisión adicional.
Los sistemas que cumplan con estas nuevas obligaciones serán considerados formalmente como sistemas Veri*factu, pudiendo incluir en sus facturas la leyenda: “Factura verificable en la sede electrónica de la AEAT”.
Es importante mencionar que recientemente se ha ampliado el plazo para la adaptación de los sistemas informáticos a esta nueva normativa, estableciendo el 1 de enero de 2026 para contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, y el 1 de julio de 2026 para el resto de obligados tributarios.
Factura electrónica obligatoria entre empresas (Ley Crea y Crece – Ley 18/2022)
Finalmente, la Ley 18/2022, conocida como Ley Crea y Crece, establece la obligatoriedad del uso de la factura electrónica en todas las transacciones comerciales entre empresas (B2B). Esta medida busca impulsar la digitalización económica, reducir la morosidad, facilitar el control de pagos y avanzar hacia una economía más eficiente y transparente.
La implementación de esta obligación será gradual:
- Las empresas que facturen más de 8 millones de euros al año tendrán un plazo de un año desde la publicación del reglamento técnico.
- El resto de empresas y autónomos dispondrán de dos años para adaptarse.
La normativa prevé utilizar formatos digitales aceptados como XML CII, UBL, EDIFACT o Facturae, ofreciendo variedad y flexibilidad técnica, así como garantías adicionales de seguridad y trazabilidad.
Conclusiones
La evolución normativa en materia de facturación electrónica representa una gran oportunidad para acelerar la transformación digital y mejorar la competitividad empresarial en España. En Ignos, somos conscientes del desafío técnico y organizativo que estas nuevas obligaciones implican para muchas empresas y autónomos. Por ello, ponemos a disposición toda nuestra experiencia en tecnología y digitalización para facilitar una adaptación sencilla, segura y eficiente.
Con Ignos a tu lado, la adaptación a las nuevas exigencias de facturación electrónica no solo será una obligación cumplida, sino también una oportunidad estratégica para optimizar procesos, reducir costes administrativos y potenciar la transformación digital de tu negocio.
